por MARIYA IVANCHEVA – Instituto de Educación de Strathclyde
Estamos viviendo una emergencia global cada vez más aterradora. Para muchos de nuestros participantes en la investigación, y para algunas de nuestras propias familias y comunidades, esta emergencia ha sido la norma durante mucho tiempo. Lo que ha cambiado es que ahora alcanzó incluso aquellos espacios privilegiados en los que la antropología y otras disciplinas académicas se desarrollaron tradicionalmente.
En universidades y sociedades científicas, debates que antes se consideraban marginales se volvieron ineludibles. Los antropólogos se preguntan cada vez más cómo responder al genocidio en Gaza, a las guerras y la guerra económica que afectan a sus lugares de estudio y comunidades, y al debilitamiento de las instituciones democráticas y sociales en todo el mundo. Al mismo tiempo, muchos colegas jóvenes se enfrentan a una creciente precariedad, a perspectivas laborales cada vez menores y a limitaciones cada vez mayores en lo que se puede investigar, enseñar y debatir públicamente.
Estas cuestiones se viven con distintos grados de urgencia. Entre ciertos sectores de la vieja guardia académica, el cambio avanza a paso de tortuga. Sin embargo, entre los académicos precarios, la libertad académica ya no es un principio abstracto. Se experimenta como una preocupación existencial inmediata, inseparable de las condiciones materiales del trabajo académico.
Mi perspectiva se basa en dos décadas de investigación sobre el trabajo académico y mi participación en sindicatos académicos y grupos de presión contra la precariedad. Esto incluyó mi labor entre 2019 y 2023 en el Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Antropólogos Sociales (EASA), como miembro de PrecAnthro, una plataforma de antropólogos en situación de precariedad. Mi experiencia revela que, en un momento en que las universidades están cada vez más sujetas a la influencia capitalista, las sociedades científicas ofrecen un espacio novedoso, aunque limitado, para la acción colectiva.
Las universidades bajo la captura capitalista
Gran parte del debate público sobre la libertad académica se centra en las amenazas que plantean los gobiernos autoritarios. Estas amenazas son reales y requieren atención constante. Al igual que otras asociaciones académicas, EASA se ha movilizado en apoyo de Académicos Turcos por la Paz, antropólogos encarcelados en Irán y Egipto, y colegas que sufren ataques contra universidades e instituciones de ciencias sociales en países como Hungría , Polonia y Brasil.
Sin embargo, mi postura, basada en la investigación, es que la falta de libertad académica no solo proviene de estados autoritarios. También se genera dentro de sistemas supuestamente democráticos que organizan cada vez más las instituciones públicas y las universidades según principios de mercado. La libertad académica puede verse restringida no solo por la censura, sino también por las estructuras de financiación, las condiciones laborales y las formas organizativas que determinan qué tipo de conocimiento se apoya o es posible.
En la investigación, los sistemas de financiación competitivos recompensan cada vez más a quienes cumplen los requisitos y son capaces de obtener subvenciones externas, concentrando el mérito y los recursos en manos de un grupo cada vez menor de académicos con plaza fija. Los investigadores principales se convierten en gestores de proyectos, mientras que gran parte del trabajo real de investigación y docencia lo realizan colegas con contratos a corto plazo, parciales o de duración determinada. El resultado es un entorno laboral académico en el que el esfuerzo intelectual y emocional suele recaer sobre quienes tienen menos seguridad y menos oportunidades para forjar su futuro.
Esta dinámica se hace cada vez más evidente en la docencia. En toda Europa y más allá, las universidades dependen cada vez más de la precariedad laboral del profesorado. Los cursos son impartidos por colegas con contratos temporales, a través de proveedores externos o mediante plataformas de tecnología educativa en expansión. Mientras tanto, incluso el personal fijo se enfrenta a una carga de trabajo cada vez mayor y a una creciente amenaza de despido. El miedo al desempleo influye cada vez más en la vida académica. Estas condiciones no solo afectan al bienestar, sino también a lo que las personas se sienten capaces de enseñar e investigar, y por lo tanto, condicionan profundamente la libertad académica.
Finalmente, estas presiones son igualmente visibles en el servicio académico y la participación pública. Las universidades alientan cada vez más a los académicos a demostrar impacto, innovación, comercialización y colaboración con la industria. Si bien esta transformación surge de una crítica válida a la academia tradicional, se ha convertido en la peor pesadilla de muchos de sus críticos. Las propuestas de investigación a menudo deben definir los resultados antes de que comience la investigación y demostrar relevancia para las partes políticas o comerciales interesadas, independientemente de si estas coinciden con los intereses de las comunidades estudiadas. En consecuencia, la investigación financiada con fondos públicos sirve cada vez más a los intereses corporativos y las agendas militares.
Este contexto más amplio, en el que se ha centrado mi propia investigación, es fundamental para el debate actual sobre la libertad académica. La cuestión no radica simplemente en si los académicos pueden expresarse, sino en si existen las condiciones materiales necesarias para que se produzca un trabajo intelectual independiente.
¿Un nuevo papel para las asociaciones profesionales?
Las asociaciones profesionales no pueden resolver estos problemas estructurales por sí solas. Sin embargo, pueden utilizar sus recursos para investigarlos y replantearlos, así como para sancionar las formas de explotación y abuso dentro de sus miembros. Bajo la presión y gracias al arduo trabajo de los miembros de PrecAnthro, los sucesivos directivos de EASA han impulsado iniciativas que abordan estas cuestiones con seriedad. En antropología, tras años de organización por parte de investigadores en situación precaria, estos temas pasaron de la marginalidad al centro del debate disciplinario.
Como ejemplo, las Directrices de Autoría Colaborativa avaladas por la EASA cuestionan las prácticas de publicación explotadoras y extractivas y proporcionan herramientas a los investigadores sin acceso a grandes subvenciones o apoyo institucional seguro para negociar sus condiciones de trabajo. El informe demuestra cómo la inseguridad laboral se ha convertido en una característica estructural de la vida académica y que muchos antropólogos están expuestos a las contingencias del empleo precario y la cultura de proyectos. Si bien estas iniciativas no están en condiciones de crear más empleos, abordan la cuestión fundamental de cómo se organizan el trabajo académico, la autoría, la financiación y el reconocimiento dentro de las universidades contemporáneas.
Así, en una época en la que las universidades operan cada vez más bajo la influencia del capitalismo, las asociaciones profesionales como EASA se han convertido en espacios donde los académicos precarios pueden organizarse, donde las cuestiones laborales y de desigualdad pueden abordarse colectivamente y donde las amenazas a la libertad académica pueden tratarse en toda su complejidad: no como una mera protección contra la censura estatal, sino como algo inseparable de la seguridad laboral, las condiciones de trabajo, la autoría equitativa, el acceso abierto y libre a la publicación y la capacidad de realizar investigaciones sin servir a objetivos comerciales o militares.
¿Y ahora qué?
En los últimos años, el genocidio en Gaza puso de manifiesto estas contradicciones con mayor crudeza. En numerosos países, académicos y estudiantes se han enfrentado a presiones, vigilancia, procedimientos disciplinarios, amenazas de financiación y ataques a su reputación por expresar solidaridad, criticar la violencia estatal o denunciar catástrofes humanitarias. Dinámicas similares afectan a quienes trabajan en otros conflictos, ocupaciones, fronteras y formas de violencia estructural en todo el mundo.
Para las sociedades académicas, el silencio no es, por lo tanto, una postura neutral. La libertad académica no se limita a la libertad de los investigadores individuales para expresar sus opiniones, sino que también implica la capacidad colectiva de las comunidades académicas para defender a los colegas que son atacados, proteger la disidencia intelectual y reconocer cuándo las formas de poder político y económico amenazan las condiciones en las que se produce el conocimiento.
El desafío que enfrentan hoy las sociedades académicas es, por lo tanto, profundo. La pregunta es: ¿son meras sociedades de debate o pueden también ser vehículos a través de los cuales los académicos defiendan colectivamente las condiciones necesarias para la vida intelectual? En una era marcada por el genocidio, la guerra, el desplazamiento, el resurgimiento del autoritarismo y una creciente precariedad, esta pregunta ya no puede posponerse.
El futuro de la libertad académica depende de cómo respondamos a esta pregunta.
AllegraLab. Traducción: Maggie Tarlo