por SILVIA GUMIEL MOLINA – Universidad de Alcalá
Ocurre cada cierto tiempo: un individuo, generalmente de la clase política, profiere una palabra que, estrictamente hablando, no pertenece al vocabulario del español en el sentido de que no aparece en el diccionario de la RAE. Y comienza la encarnizada lucha entre aquellos que consideran el uso de nuevos términos un oprobio a la pureza del español y los que defienden que la inserción de nuevos vocablos enriquece nuestra lengua.
El precedente de “portavozas”
Sucedió ya hace algunos años, cuando Irene Montero habló de las “portavozas” del Congreso, lo que propició una acalorada discusión y, en ocasiones, la descalificación de la diputada. Fue tachada de ignorante con argumentos bastante débiles, como que “voz” ya es un sustantivo femenino, por lo que no podía volver a marcarse con dicho género. Este argumento es falso puesto que la palabra “portavoz” es un compuesto, y el género de los compuestos no lo determina necesariamente el segundo término. Así lo muestra, por ejemplo, la existencia de “lavavajillas”, palabra de género masculino y número singular a pesar de que el segundo elemento del compuesto, “vajillas”, sea femenino y plural.
Y, aunque esto es solo una opinión, creo que, cinco años después, “portavoza” no resulta un vocablo tan extraño, lo que muestra en buena medida que las decisiones sobre lo que puede decirse o no en una lengua las toman, al menos en parte, los hablantes de dicha lengua.
El lawfare llega a nuestras vidas
Algo parecido ha pasado ahora con el término lawfare, que se ha puesto de actualidad porque aparece en un acuerdo entre dos partidos, PSOE y Junts per Catalunya, en el que se puede leer lo siguiente: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Dejamos de lado la política y nos ocupamos de lo apropiado o inapropiado del uso de un término que, a todas luces, no pertenece al español (no se escribe como las palabras españolas, no se pronuncia como las palabras españolas y su significado no es evidente, ni mucho menos). ¿Qué significa lawfare? ¿Es adecuado utilizarlo? En lo que sigue, intentaremos dar respuesta a estas preguntas.
Posibles traducciones
Comencemos por su significado. La Fundéu/RAE ya se pronunció al respecto en su página web. Aquí señala, en primer lugar, que su posible traducción al español puede ser “persecución judicial”, “instrumentalización de la Justicia” o “judicialización de la política”.
Se recoge también información sobre cómo está formada esta palabra en su lengua original, el inglés, y qué significa en ella. Sabemos así que está creada a partir de dos vocablos: law (“ley”) y warfare (“guerra”) y que, según el diccionario de Oxford, se utiliza para hacer referencia a “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.
La palabra surge, pues, mediante un proceso que consiste en tomar la parte inicial de un vocablo y la final de otro para formar uno nuevo. En español, este fenómeno es productivo y nos da neologismos como vierbeza, otros términos no tan nuevos como portuñol y otros que producen un efecto humorístico como los que aparecen en el blog Humor tonto para gente inteligente.
¿Hemos usado lawfare antes?
Una vez que conocemos su significado y somos conscientes de que existen alternativas en español, observemos su uso. Una búsqueda rápida en el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) nos indica que esta palabra aparece en textos escritos en varios países de América y también en España, aunque en la zona del Río de la Plata su uso parece estar más extendido.
Encontramos ejemplos como los siguientes:
“El proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy, los cuestionamientos del Presidente al lawfare, la derogación del decreto sobre programa de testigos protegidos y la amenaza de una renuncia masiva de magistrados.” (Argentina, 2020).
“Y el reordenamiento forzado del Poder Judicial, ha facilitado un lawfare contra miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).” (El Salvador, 2021).
“En España se utiliza el lawfare de forma cada vez más evidente. Los medios de comunicación se van latinoamericanizando también.” (España, 2022).
¿Cómo surgen nuevos vocablos en nuestra lengua?
Parece, pues, que no se trata de un caso aislado, sino que, por razones lingüísticas y extralingüísticas, dicho término se está introduciendo en el léxico del español. Y aunque son muchos los que claman lo inapropiado de utilizar términos procedentes del inglés para designar realidades en nuestra lengua, lo cierto es que esta es una de las formas más habituales de hacer crecer el léxico de un idioma.
Todos sabemos que el español procede del latín, pero desde sus inicios necesitó, como sucede en todas las lenguas, crear otras palabras que designen nuevas realidades. Para esto, las lenguas disponen de diversos mecanismos. Podemos hablar de recursos propios de la lengua, que son los propios del nivel morfológico (derivación, composición y parasíntesis); y recursos externos, que son, fundamentalmente, los préstamos que tomamos de otras lenguas.
Estos préstamos pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios. Probablemente el más conocido (por ser el más repetido en la escuela) es el que organiza los nuevos términos dependiendo de la lengua de origen: en español son abundantes los arabismos (“almohada” o “aljibe”), los galicismos (au pair) y los anglicismos (“cóctel” o “fútbol”). Según esta clasificación, la palabra lawfare es un anglicismo.
Existe, no obstante, otra manera de clasificar estos nuevos términos, que consiste en diferenciarlos según el grado de adaptación que han sufrido en su incorporación a nuestra lengua. Podemos hablar así de “préstamos adaptados”, “xenismos” y “barbarismos”.
En primer lugar, los préstamos adaptados son aquellos que modifican tanto su pronunciación como su ortografía para que se ajuste a las reglas del español. Algunos ejemplos son “líder” o “esmoquin”.
Tenemos, en segundo lugar, préstamos que han conservado su forma original (tanto en la ortografía como en la pronunciación), que reciben el nombre de “xenismos”. Es el caso de hardware o input. Estos términos enriquecen un idioma porque los tomamos de otra lengua para designar una realidad para la que la nuestra no tiene equivalente.
El último proceso de incorporación de palabras de otras lenguas al español (que en realidad es similar a uno de los dos anteriores) es el que da lugar a “barbarismos”. Estos últimos pueden estar más o menos adaptados a nuestra ortografía y pronunciación, pero se caracterizan porque ocupan el lugar de un término que ya teníamos. Ocurre, por ejemplo, con party (“fiesta”) o deadline (“vencimiento”).
¿Xenismo o barbarismo?
Como se ha dicho, si bien los préstamos adaptados y los xenismos son bienvenidos porque aumentan el vocabulario del español, debemos evitar los barbarismos, que si bien añaden una nueva palabra a nuestro lexicón, lo hacen, generalmente, eliminando una o varias que ya existían. Puede afirmarse, pues, que es un proceso de empobrecimiento del vocabulario.
Siendo evidente que lawfare no es un préstamo adaptado, hemos de preguntarnos si se trata de un xenismo o un barbarismo. Es decir, hemos de reflexionar sobre si es una palabra que viene a designar una realidad para la que no existía término alguno en español o si, por el contrario, su utilización provoca la pérdida de un término ya existente en nuestra lengua.
Mi opinión es que lawfare es un xenismo, dado que para traducirla hemos de utilizar un sintagma nominal que tiene otro u otros sintagmas en su interior (“judicialización de la política”, por ejemplo) y que no tiene un término inequívoco para designar esta realidad. Si estoy en lo cierto, la utilización de lawfare, si finalmente se impone en nuestra lengua, no supondrá la pérdida de ningún término ya existente, por lo que no hay razón alguna (al menos de índole lingüística) para evitar el término.
¿Cómo podemos saber si un neologismo se impondrá?
Hemos de preguntarnos ahora de qué factores depende que una nueva palabra se instale de manera definitiva en un idioma. Sería imposible mencionar aquí todos, pero ha de señalarse que estos pueden ser internos o internos.
Un factor interno a la lengua es la forma del neologismo (si su grafía y pronunciación respetan las reglas fono–morfológicas del español será más sencillo que triunfe). Son más, y más complejos, los factores externos, entre los que podemos destacar la necesidad social de acuñar un nuevo término, su aceptación en la sociedad y, por supuesto, su uso.
¿Se impondrá el uso de lawfare? ¿Lo hará de tal modo que adaptaremos su ortografía y pronunciación para obtener, quizás, “laufer”? Eso solo podrán determinarlo el tiempo y los hablantes.
Mientras tanto, sigamos utilizando la “ofimática” para escribir canciones de “cantautor” que dedicarle a un “amigovio” en un “apartahotel” un “juernes” cualquiera; eso sí, si mientras tanto usted decide utilizar la palabra lawfare, no olvide escribirla en cursiva.
Fuente: The Conversation