por LIVIA GERSHON
Desde estudiantes extranjeros musulmanes hasta inmigrantes de América Latina, los objetivos más visibles de la actual vigilancia militarizada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), la policía local y otras autoridades son las minorías racializadas. Como escribe la jurista Fanna Gamal, el uso de armas de guerra en la actividad policial siempre ha sido un «proceso de construcción racial» en Estados Unidos.
El primer caso que examina Gamal involucra el retiro de fuerzas militares: las tropas federales que hicieron cumplir los derechos de voto de los afroamericanos durante la Reconstrucción. Tras las elecciones de 1876, las partes llegaron a un acuerdo para retirar esas fuerzas, permitiendo que las autoridades vigilantes y los blancos sureños restablecieran el control sobre los afroamericanos del sur. Es de destacar que muchas tropas fueron redesplegadas dentro de las fronteras nacionales para sofocar la Gran Huelga de 1877 y trasladar a los pueblos nativos a reservas.
Gamal señala un patrón continuo en el que las comunidades afroamericanas han sido simultáneamente sobre-vigiladas e insuficientemente vigiladas. En la década de 1960, por ejemplo, una experiencia movilizadora para el movimiento por los Derechos Civiles fue la falta de respuesta de los funcionarios locales y federales al bombardeo de una iglesia de Birmingham en 1963 que mató a cuatro niñas. Y otra fue la vigilancia policial, los arrestos y la violencia dirigidos contra las comunidades afroamericanas y también latinas.
En respuesta tanto a las protestas no violentas por los Derechos Civiles como a levantamientos como los disturbios de Watts de 1965, un informe del FBI de 1967 afirmó que el «malestar negro» era resultado de la propaganda comunista y militante afroamericana. El informe pidió una mayor cooperación entre el ejército y la policía y sugirió que los departamentos de policía necesitaban planes para una «impresionante demostración de fuerza», potencialmente con la ayuda de la Guardia Nacional o las tropas federales.
«Avanzar la militarización policial como respuesta a los levantamientos raciales significó construir una identidad para los manifestantes que los ubicaba fuera de la protección estatal y en el ámbito de la amenaza estatal», escribe Gamal.
Después de Watts, el Departamento de Policía de Los Ángeles consultó con los Marines y otras fuerzas militares para obtener capacitación táctica y orientación sobre cómo reaccionar ante francotiradores. Esto llevó a la creación del primer equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT, por sus siglas en inglés). La primera incursión importante del equipo fue en la sede de Los Ángeles del Partido Pantera Negra.
A lo largo de las décadas siguientes, casi todas las ciudades del país siguieron su ejemplo y, para mediados de la década de 2000, hasta el 80 por ciento de los pueblos pequeños tenían sus propios equipos. Si bien los equipos SWAT a menudo se presentan como un recurso para lidiar con tiradores activos, un estudio encontró que la gran mayoría de sus despliegues son para ejecutar una orden judicial.
En la década de 1980, como parte de la Guerra contra las Drogas, que se centró de manera desproporcionada en el arresto de consumidores y vendedores de drogas afroamericanos, el Congreso amplió las oportunidades para que los militares proporcionaran equipo, capacitación y otra asistencia a los departamentos de policía. También autorizó al gobierno federal a transferir equipo militar excedente a la policía local con casi ninguna transparencia pública. Para cuando Gamal estaba escribiendo en 2016, el equipo militar estaba en exhibición en la respuesta al movimiento Black Lives Matter.
«Las imágenes de barrios afroamericanos patrullados por tanques y vehículos blindados en Ferguson y Baltimore demarcan claramente quién está fuera de la protección estatal», escribe.
Jstor. Traducción: Maggie Tarlo